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Acceso a la Justicia: Pdvsa inicia ante TSJ demandas para justificar crisis petrolera

Pdvsa Foto Acceso a la Justicia Pdvsa

La ONG Acceso a la Justicia explica que desde diciembre de 2017 el TSJ recibe denuncias por daños patrimoniales en Pdvsa y así justificar la crisis petolera.

Han pasado más de 16 años desde que un sector de los trabajadores de la principal industria del país, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), iniciara un paro cívico nacional que no sólo dejó la suspensión de operaciones más larga y profunda de la estatal, sino que se convirtió en la causal de despido masivo más severa que haya vivido el país, recuerda la ONG Acceso a la Kusticia.

"El hecho vuelve a acaparar la atención, porque desde diciembre de 2017, la Sala Político Administrativa está recibiendo demandas por daños patrimoniales contra los despedidos de la petrolera, en las cuales además de la determinación de responsabilidad, se solicita condenarlos al pago de sumas de dinero como forma de resarcimiento. Pdvsa también pide medidas cautelares de prohibición de enajenar, gravar y embargar bienes en cada de uno de los casos. Fueron casi 18 mil trabajadores –se calcula que cerca de 50% de la nómina de la petrolera para la época– los que despidió el fallecido presidente Hugo Chávez en cadena de radio y televisión entre diciembre de 2002 y marzo de 2003, todos acusados por el mandatario nacional de “sabotaje” e incluso de “terrorismo”, pues aparte de responsabilizarlos de la parálisis de la empresa, los señaló de haber dañado parte de sus instalaciones", señala..

En su momento, Chávez exigió que se investigara a quienes participaron en el paro para “determinar daños al patrimonio público”, y esto es exactamente lo que se propuso conseguir Pdvsa desde hace varios años, pero ahora la estatal tomó la vía rápida al acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La petrolera, a través de su Dirección Ejecutiva de Auditoría Fiscal, inició procedimientos administrativos en contra de varias decenas de trabajadores despedidos en 2003, a fines de determinar su responsabilidad civil y administrativa, por presuntos daños patrimoniales causados a la industria. Mediante estos procedimientos, en 2013 impuso onerosas multas a cerca de 150 extrabajadores, pero a la fecha no ha podido cobrarlas.

Atendiendo a estas acciones, los representantes judiciales de PDVSA decidieron en diciembre de 2017 acudir al TSJ para hacer pagar a los propulsores del paro y supuestos causantes de daños a las instalaciones de la empresa por los perjuicios ocasionados al país.

La ONG ha constatado que desde el 11 de abril pasado hasta la fecha, la Sala ha tramitado y decidido casi 150 casos de este tipo, llegando a la conclusión de que el Poder Judicial carece de jurisdicción para tramitar los recursos, y por consecuencia, las medidas cautelares solicitadas.

"Esto, a primeras luces, hace presumir que el TSJ ha rechazado las demandas, sin embargo, luego de un análisis detallado del contenido de las sentencias, Acceso a la Justicia pudo observar que se trata de un rechazo temporal, pues en realidad la sentencia le indica a los apoderados de Pdvsa los pasos a seguir para conseguir que las multas por daños patrimoniales contra los expetroleros prosperen.".

De acuerdo con la Sala Político Administrativa, para que Pdvsa logre “culpar” a los huelguistas de 2002-2003 de perjuicios contra la empresa, y por ende garantice su objetivo de cobrar elevadas sumas de dinero a cada exempleado a ser procesado –hasta ahora 132– debe seguir una serie de pasos que contemplan, en primer lugar, tratar de ejecutar directamente sus actos administrativos a través de los mecanismos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Específicamente la Sala insta a la estatal a hacer valer las decisiones que en 2012 tomó la Dirección de Auditoría de la empresa, cuando anunció que 11 extrabajadores de 184 que iban a ser juzgados fueron multados entre 103 millones y 119 millones de bolívares por su presunta responsabilidad en lesiones a la compañía durante el paro petrolero.

En aquella época, el abogado de los expetroleros, Gonzalo Himiob, indicó que era una “decisión sin sustento jurídico”, ya que “nunca establecieron ningún vínculo entre las supuestas acciones de estas personas con daños a la nación”. Entre esos primeros afectados estaban varios exgerentes de la empresa, como Juan Fernández, Raúl Alemán, Salvador Arrieta y Mauro Ferraro.

Seguidamente, la Sala Político Administrativa, le indicó a la petrolera que, en el caso que no logre el cumplimiento por parte de los sancionados, podría acudir entonces ante la jurisdicción contencioso administrativa a solicitar la ejecución forzosa, señalándole inclusive la vía procesal que procedería en esos casos (el cobro de créditos fiscales no tributarios, de conformidad con el artículo 653 y siguientes del Código de Procedimiento Civil).
Lo descrito es la ruta que le marcó el TSJ a la industria petrolera para tratar de cobrarle a los huelguistas los daños del paro petrolero, pero también para seguir sosteniendo su relato de búsqueda de culpables de la precaria e inédita situación financiera que vive actualmente la empresa, y que parece que en ningún caso serían quienes la administraron durante los quince años siguientes a los hechos investigados.

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