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Redacción

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Atraem afirma que toma de mercados municipales traerá más escasez y quiebra de comercios

La directiva de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios (Atraem) elevó su voz de protesta ante la decisión del Presidente Nicolás Maduro de tomar los mercados municipales y de calificar a quienes laboral allí de mafiosos, al respecto los voceros recordaron que origen neurálgico del bachaquerismo está en la economía roja que promueve controles excesivos y la repuesta a esto es el surgimiento del mercado negro. Expresando que esta medida solo causará más hambre y quiebra de los negocios.

Alfredo Padilla, director general de Atraem, explicó que el presidente Maduro al ordenar tomar los mercados municipales estaría violando disposiciones constitucionales y revoca la Ley Orgánica de Poder Público Municipal, la cual le reserva a las alcaldías el desarrollo de la economía local.

“Aquí a través de ordenanzas el municipio tiene la competencia de administrar y regular los mercados municipales y apoyar a los trabajadores no dependientes”.

Enfatizó que el objetivo fundamental de esta medida es lograr un control absoluto de todos los mercados del país, siendo la Misión Abastecimiento Soberano y Seguro la encargada de intervenirlos por orden presidencial. “Esta institución no es nada sobornada porque el pueblo no tiene el derecho a escoger los productos que quiere comprar ni tampoco es seguro ya que no sabes si va a conseguir los bienes que necesitas. Es decir el nombre de esta misión es cadi una burla al ciudadano”.

Reveló que este organismo que ya se ocupa de distribuir los famoso Clap, ahora ocuparan los espacios de los concesionarios de los mercados, que han sido dueños de su puesto durante décadas equipándolos con mucho esfuerzo con refrigerador, estantería por solo mencionar algunos bienes. 

”El propio Presidente Maduro dice que hay que sacar a estos trabajadores esposados de sus negocios por mafiosos, estamos hablando de un golpe mortal a la economía privada popular. Incluso ese pueblo que creyó en la oferta de Chávez en 1998 que lo llevo al poder”, subrayó.

Destacó que esta decisión sometería al pueblo a mayor hambre, ya que al no poder comprar en los mercados tendría que resignarse a esperar la cala Clap y verse obligado a sacar el carnet de la patria para medio comer. “Esto agudizaría el atropello a la gente que trabaja y vive de su esfuerzo diario, personas del pueblo humilde. También la medida golpearía a los bodegueros”.

Concluyó que esto es un atentando a la libertad económica aunado al plan circula en las comunidades denominado “Ubica tu casas”, donde grupos asociados al partido de Gobierno estarán haciendo espionaje sobre viviendas que están vacías para ocuparlas ilegalmente. “Ante la gran migración de venezolanos muchas viviendas ha quedado solas y ante esta realidad del Gobierno estimula el vandalismo violando la propiedad privada y arrebatándola a familias el esfuerzo de toda una vida”, sentenció.

El empresario chavista que en la retaguardia vigila sus negocios con el gobierno

El bajo perfil puede ser la mejor manera de evitar que los ojos escrutadores y contralores adviertan las componendas, irregularidades y corruptelas. Esta ha sido la estratagema usada por el hermano del exministro del Interior y Justicia en sus múltiples operaciones con el estado venezolano.

¿Su táctica? El silencio, la discreción, evitar que las miradas se dirijan hacia él y puedan darse cuenta de las corruptelas que lo llevaron —de la noche a la mañana y por medios inexplicables— a convertirse en un corredor de seguros, constructor y contratista petrolero. Eso sí, esta reserva para nada debe interpretarse como pasividad pues, tras bastidores, allá en la retaguardia, Ángel Alberto Rodríguez Torres, se mantiene vigilante de los negocios que mantiene con el gobierno venezolano y para los cuales se vale de prestanombres o testaferros que dan la cara por él. Su record exhibe, entre otras, denuncias por irregularidades en la ejecución de la "Ciudad Socialista Belén", complejo habitacional construido en Guarenas, estado Miranda.

¿Quién es?

Ángel Alberto Rodríguez Torres[1], titular de la cédula de identidad N° V-9.602.559 es hermano del exministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, exfuncionario chavista hoy caído en desgracia en el seno del oficialismo y detenido por órdenes del presidente Nicolás Maduro. Nacido en 2 de octubre de 1967, sus registros lo ubican en el Municipio Chacao del estado Miranda.

La cuenta individual de Ángel Alberto Rodríguez Torres en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS[2], refiere que tiene un estatus cesante desde el 2 de septiembre de 1987 de la empresa Mercabar, C.A., con el número patronal L16402453. Su fecha de afiliación fue el 12 de marzo de 1986 y su fecha de contingencia es el 2 de octubre de 2027. Su último salario fue Bs. 0,46 con un total de 49 semanas cotizadas.

Según el Registro Electoral Permanente, Ángel Alberto Rodríguez Torres ejerce su derecho al sufragio en el Centro Médico “Carlos Diez” del Instituto Venezolano de Seguro Social de Chacao.

Se casó el 8 de octubre de 2003 con Silvia Martínez Jarque, de quien se divorció el 16 de noviembre de 2009[3].

Irregularidades en Monlosa

Su principal empresa es Inversiones Monlosa, C.A. (Salomón al revés), con Registro de Información Fiscal, RIF, J-31226090-4, la cual tiene una exoneración del Impuesto sobre la Renta, ISLR, como incentivo por su actividad de construcción de “viviendas dignas”, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 8.175[4] de la Presidencia de la República.

Monlosa tiene su sede en la Avenida Venezuela de El Rosal, Torre Asociación Bancaria, Piso 7, Oficina 73. Municipio Chacao, Estado Miranda. Tiene un trabajador.

Esta empresa tiene como objeto “el desarrollo, fabricación y construcción de obras civiles tales como edificaciones, estructurales, de concreto, viales, movimiento de tierra y urbanismo; proyectos de diseños y análisis estructurales de obras civiles; inspección y/o trabajos de control a las fabricaciones y construcciones de obras civiles; inversiones en desarrollos inmobiliarios; compra, venta y administración de bienes muebles e inmuebles”[5].

Esta empresa ha sido objeto de denuncias de acoso laboral por parte de los trabajadores, además de señalar a su propietario y presidente, Ángel Rodríguez Torres, de utilizar a la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, “para elaborar actas amañadas, parcializadas con la empresa, con el fin de que en la Inspectoría del Trabajo, proceda la solicitud de calificación de despido”.

Investigación completa aqui.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Saqueo de armamento y baja moral sacude cuarteles en Venezuela

La debacle parece haber llegado a la institución castrense, donde a las bajas militares y deserción de la tropa y oficialidad media, se suma el deterioro de los equipos, la falta de mantenimiento, la impericia, negligencia y, peor aún, la pérdida y sustracción de armamento y municiones.

No solamente el hambre y de la deserción imperan en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, como se ha venido denunciando en los últimos días, al darse a conocer los cientos de bajas —o simplemente abandono— que han tenido lugar a raíz de la crisis imperante en la institución castrense, donde sólo la alta oficialidad disfruta de las mieles que brinda el usufructo del poder, pues las tropas profesionales y conscriptas han decidido dejar los cuarteles para ir a buscar los medios que les permitan mitigar la falta de alimentos que padecen ellos y sus familias.

No, la crisis también se hace evidente en el desmantelamiento o más bien debacle, que sufre el equipo militar el cual, según deja ver un documento llegado a nuestras manos, está muy alejado de ser el sofisticado aparataje del que presume el gobierno nacional en cada referencia que hace a la FANB y, por el contrario, solamente es un conjunto de chatarra que se acumula en las instalaciones del que otrora fuera el “glorioso” ejército venezolano forjador de libertades.

Un informe técnico confidencial que está en nuestro poder identificado con el número CMVB-DMAG-AMX-30V-001-18, fechado el 8 de febrero de 2018 y remitido por el coronel José Antonio López Acevedo, director del Centro de Mantenimiento de Blindados al general de brigada Gerardo Enrique Merchán Sánchez, comandante de la 11 Brigada Blindada “G/B. Pedro Ruiz Rondón”, da cuenta del resultado de la evaluación realizada entre los meses de enero y febrero del presente año a los tanques AMX-30V pertenecientes al 113 Batallón Blindado “Cnel. Leonardo Infante” ubicado en el municipio Mara del estado Zulia. Allí se presenta un diagnóstico de las unidades, así como del grado de deterioro, pérdida y desmantelamiento de las mismas. Igualmente se hacen las recomendaciones pertinentes a fin de lograr la recuperación del parque blindado del ejército y los planes de inspecciones y visitas de los equipos móviles del Centro de Mantenimiento de Vehículos Blindados del Ejército Bolivariano[1], Cenamblin[2].

Por Maibort Petit/Venezuela al Día
@maibortpetit

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