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TSJ solicitará a Curazao la extradición de dos venezolanos

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con ponencia de su presidente, magistrado Maikel Moreno, declaró procedente solicitar al Reino los Países Bajos (Curazao) la extradición activa de los ciudadanos venezolanos Archak Guerrino Badrossian Liberatoscioli y Nathaly Elizabeth Gómez De Badrossian.

De acuerdo a Globovisión, esta petición es para someter a estos ciudadanos a un proceso penal en Venezuela por su presunta participación en los delitos de estafa y asociación para delinquir, tipificados y sancionados en los artículos 462 del Código Penal y 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente.

Indica la sentencia N° 202, entre otros aspectos, que del análisis de la documentación que consta en el expediente, se evidencia que en el presente caso, además de los requisitos de procedencia, también se cumplen a cabalidad los principios generales que rigen la materia de extradición en Venezuela.

Asimismo, en la decisión del TSJ se asume el firme compromiso ante el Reino de los Países Bajos (Curazao), de que ambos ciudadanos serán juzgados únicamente por su presunta participación en la comisión de los delitos antes mencionados, con las debidas garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Caso Juan Requesens: injusticia en su estado más puro

Para la ONG Acceso a la Justicia, el caso de Juan Requesens es un ejemplo de injusticia en su estado puro.

A raíz del supuesto atentado presidencial ocurrido el 4 de agosto, se han venido verificando una serie de acciones que más que aportar transparencia e información sobre un hecho tan terrible como el ocurrido, ratifica que no hay manera de que los cuerpos represivos del Estado respeten las garantías mínimas que la olvidada Constitución vigente les reconoce a todos los ciudadanos, incluyendo a los opositores, como lo es el caso del diputado Juan Requesens.

Su caso se dio tres días después del ataque con drones en un acto liderado por el presidente Nicolás Maduro, cuando una comisión de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sin orden judicial y de forma violenta, detuvo tanto al diputado Juan Requesens como a su hermana Rafaela, siendo esta última liberada a las horas, sin mayores explicaciones sobre el paradero de su hermano o las razones de su propia detención, destaca la ONG Acceso a la Justicia.

La Carta Magna, relegada por este régimen, establece sólo dos supuestos para detener a una persona: por orden judicial o por estar en flagrancia. Esta última fue la argumentada en contra de Requesens.

Según el criterio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la flagrancia implica cuatro condiciones: 1) que se esté cometiendo un delito y alguien así lo indique porque lo vive directamente; 2) que acabe de cometerse, situación que se ilustra con el siguiente ejemplo: “podría pensarse en un caso donde una persona oye un disparo, se asoma por la ventana, y observa a un individuo con el revólver en la mano al lado de un cadáver”; 3) que el sospechoso sea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público; o 4) cuando “se sorprenda a una persona a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde ocurrió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir, con fundamento, que él es el autor”.

En la sentencia que se pronunció sobre la solicitud del Ministerio Público contra el diputado Juan Requesens, para justificar la existencia de una flagrancia, el TSJ utiliza otra figura, la del delito permanente, es decir, aquel que no se agota en un solo instante sino que permanece en el tiempo, como lo es por ejemplo, el caso del secuestro, en el cual el delito sigue existiendo mientras la víctima esté retenida para la obtención del rescate, por ello cualquiera de sus autores, entretanto esa situación se mantenga, puede ser detenido en flagrancia.
 
"Tomando en consideración las implicaciones descritas, se debe explicar cómo se relacionan las mismas con el caso Requesens. Desde el año pasado, a todos los diputados opositores que han sido perseguidos penalmente se les han imputado delitos permanentes asimilándolos a flagrancia, y en el caso particular del parlamentario se le acusó, entre otras faltas, de instigación pública continuada, traición a la patria y asociación para delinquir, violaciones que el TSJ considera como permanentes y, en consecuencia, susceptibles de que permitan detener a alguien flagrantemente".
 
Al analizar las supuestas pruebas en contra de Requesens, el TSJ simplemente se limitó a decir lo siguiente:
 
“Toda vez que las actuaciones que cursan en el expediente evidencian que el mencionado ciudadano presuntamente ha cometido delitos de naturaleza permanente, por lo tanto está en situación de flagrancia, en virtud de lo cual, a criterio de esta Sala Plena, su enjuiciamiento ineludiblemente corresponde a la jurisdicción de los Tribunales Penales Ordinarios”. 

"En estas pocas líneas está resumida la detención de un diputado con inmunidad parlamentaria, pues en ninguna otra parte de la sentencia se señala o explica por qué se considera que existen evidencias de un delito permanente cometido por él, y menos aún de una situación de flagrancia, sino que el TSJ simplemente indicó que por ser algunas de las violaciones de las que se le acusa de tal naturaleza procede entonces la aprehensión, pues la misma ocurrió en flagrancia", señala la ONG.

 Agrega que cuando parece que las cosas no pueden empeorar, surge otro elemento “incriminatorio” contra Requesens, y es algo denominado por el Ministerio Público “experticia de ingeniería social”, lo que no es más que la lectura de las redes sociales del diputado, de lo se concluye que este “hace reiterados llamados públicos a retomar las actividades violentas de calle”.

Tampocp obvian la desaparición forzada a la que fue sometido Requesens por más de cuatro días sin que se informara de su paradero. Esto evidencia un patrón del régimen, pues no son pocos los casos en que se detiene arbitrariamente a las personas sin orden de aprehensión y luego no se dice dónde se encuentran detenidas. Esta forma de proceder es un delito, aun cuando sea por horas o por pocos días, pero tampoco sobre esto el TSJ se pronunció.
 
En conclusión, los silencios del TSJ en el caso de Juan Requesens son la mejor prueba a su favor. (Con información de Acceso a la Justicia)

Ledezma: “Listo, misión cumplida del Tribunal Supremo de Justicia. Maduro culpable, sentenciado y condenado”

Este miércoles el ex alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma mostró su respaldo a la condena contra Nicolás Maduro realizada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) legítimo.

Ledezma publicó en su Twitter, “listo, misión cumplida del Tribunal Supremo de Justicia. Maduro culpable, sentenciado y condenado”, escribió.

El líder opositor aseguró que ahora el trabajo del TSJ es garantizar el cumplimiento de la condena, debido a que lo más probable es que el gobierno de Maduro no acate la sentencia de prisión contra el mandatario.

“Ahora a procurar que se ejecuten las medidas, conscientes como estamos, que una narcotiranía no acata "por las buenas" decisiones de órganos que no respeta. Es una mafia que no sabe de leyes”, recalcó.

Ortega Díaz mostró las pruebas contra Maduro en la audiencia

Este lunes continuó la audiencia pública y oral contra Nicolás Maduro Moros, donde la la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz mostró contratos y movimientos de cuentas que soportan las acusaciones contra el mandatario.

Durante la audiencia pública realizada por el Tribunal Supremo de Justicia en Colombia, Ortega aseguró que las investigaciones demostraron la vinculación de la financiación de Odebrecht en campañas del ex presidente fallecido, Hugo Chávez, y de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Este lunes el Tribunal Supremo de Justicia en el exilo realiza la audiencia pública en contra de Nicolás Maduro desde Bogotá, en Colombia.

La fiscal general en el exilio, confirmó que las pruebas recolectadas, entre ellos contratos y movimientos bancarios son el soporte de las acusaciones en contra del mandatario venezolano.

"Presentamos todos los contratos suscritos por Venezuela y Odebrecht con el monto de las mismas para demostrar que las grandes obras les fueron otorgadas. Se evidencia que Maduro ordenó el pago de deudas", expresó Luisa Ortega.

Así mismo, se conoció que las pruebas demuestran el daño patrimonial que sufre el Estado por estas obras no concluidas. "El documento de colaboración, de declaración devela la responsabilidad de Maduro para favorecer a Odebrecht".

 

 

AN investiga si el presidente del TSJ en el exilio es español

La AN, presidida por Omar Barboza, acusó recibo de un documento que desencadenará una nueva polémica sobre la designación de los trece magistrados y veinte suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, debido a que su presidente, el abogado Miguel Ángel Marín Tortabu, está siendo cuestionado por poseer nacionalidad española.

Esta designación, que se produjo durante el ejercicio de Julio Borges como presidente de la Asamblea Nacional, fue producto de una selección por parte de un comité de postulaciones. El abogado Amador Valles Méndez remitió el oficio en fecha 10 de julio de 2018 al que tuvo acceso el diario regional Panorama.

Fuentes vinculadas con el parlamento calificaron de este caso como un engaño a la nación. "Si se ha cometido fraude, queremos que el país lo sepa".

En los documentos adjuntos se tiene copia de la carta enviada el pasado 10 de julio a la Cónsul General de España en Caracas, María Celsa Nuño García, en la que se solicita información sobre la identidad de quien ha fungido como presidente del llamado "TSJ en el exilio".

En las próximas horas se conocerán detalles de este caso que está generando nuevos desencuentros dentro de la oposición.

Holanda recordó a la UE que Maikel Moreno tiene prohibido entrar en territorio comunitario

Holanda recordó a la Unión Europea (UE) que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela, Maikel Moreno, tiene prohibido ingresar a territorio comunitario, esto luego de la visita del titular del poder judicial a un acto de la Corte Penal Internacional (CPI) celebrado en La Haya.

La información fue dada por una fuente del ministerio de Exteriores holandés a la agencia de noticias internacional, EFE.

Cabe recordar que Moreno es una de los funcionarios venezolanos más sancionado por la UE, porque a juicio de los países miembros, el presidente del TSJ sería un títere del régimen de Nicolás Maduro.

Entre las restricciones colocadas a Moreno se encuentran: Congelación de activos y la prohibición de viajar a países comunitarios. Pese a ello, Moreno participó en el acto y fue orador en la conmemoración de los 20 aniversarios de la fundación del Estatuto de Roma.

Según la fuente del ministerio de Exteriores, la CPI habría pedido al gobierno neerlandés que hiciera una “excepción” con el magistrado y esta estuvo obligada a acceder por los acuerdos que tienen.

Posteriormente, "la UE fue informada de esta excepción", y aclaró que "sólo es bienvenido a las actividades organizadas por la CPI".

Ante ello, países miembros indicaron que por ese acto habrían perdido la integridad y aseguraron que la invitación no la elige el tribunal.

"No depende del tribunal decidir quién viene y quién no en representación de un país", concluyó la fuente.

@Betzimar17

Familiares de los presos políticos exigen al TSJ más excarcelaciones

Este miércoles, familiares de los presos políticos junto a sus abogados exigieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) continuar con el proceso de excarcelaciones y otorgar la libertad plena para todos los detenidos por motivos políticos en el país

"Hemos venido el día de hoy a traer toda la información necesaria para que de inmediato se siga con las excarcelaciones de nuestros presos políticos", dijo el abogado Omar Mora Tosta, defensor de varios opositores encarcelados, en nombre de los familiares frente al TSJ.

El abogado recalcó que en prisión se encuentran personas con boletas de excarcelaciones y delicado estado de salud "en virtud de los tratos a los que han sido sometidos durante su injusto cautiverio".

Dentro del grupo de los familiares se encontraba la madre del funcionario de la policía municipal de Chacao, Polichacao, el preso político Fred Mavares, quien este miércoles cumple dos años detenido tras ser acusado de “terrorista” por el Gobierno venezolano.

"Yo le pido a ellos (TSJ) que se apiade de ellos (opositores presos), que no son criminales", dijo entre lágrimas la mujer.

"Vengo en nombre los familiares de los presos políticos (...), nosotros esperamos más libertades, esperamos liberaciones. Todavía hay muchos presos políticos en Venezuela y nuestro compromiso es con cada uno de ellos", indicó Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, quien cumple su condena impuesta por el Gobierno en casa. 

En este sentido, Tintori insistió en que las autoridades deben otorgar libertad plena y no medidas cautelares, así como las dadas a los 80 venezolanos que fueron excarcelados.

Esta petición se produce porque a inicio del mes de junio, la expresidenta de la Constituyente y actual vicepresidenta del país, Delcy Rodrìguez, dejó entrever el fin del proceso, luego de que el tercer grupo de presos políticos, conformado por 43 venezolanos, salieran de prisión bajo medidas cautelares.

@Betzimar17

TSJ declara “inadmisible” el recurso de Henri Falcón sobre presidenciales

Este miércoles, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declararon “inadmisible” el recurso realizado por el excandidato presidencial, Henri Falcón, en rechazo a la realización de las elecciones del pasado 20 de mayo, donde Nicolás Maduro resultó reelecto.

“La Sala Electoral del TSJ, en ponencia conjunta de sus magistrados, declaró inadmisible el recurso contencioso electoral interpuesto por Henri Falcón, contra Actos Administrativos electorales de las mesas de votación en las pasadas elecciones presidenciales del 20 de mayo”, publicó el organismo judicial a través de su cuenta en Twitter.

La respuesta se produce dos semanas después de que el opositor introdujera el recurso en el que denuncia, entre otras cosas, la activación de puntos rojos cerca de los centros de votación como un mecanismo de manipulación.

Ante ello, Falcón se pronuncio desde su cuenta en Twitter, indicando que las instituciones del Estado “actúan de espalda a la Constitución y la realidad del pueblo venezolano”.

“El recurso que interpusimos ante el TSJ contiene todos los argumentos, pruebas del mayor descaro antes visto en un evento electoral, donde el Presidente cumplió lo prometido: Comprar el voto a quienes hoy mueren de hambre”

“El fraude electoral del 20 de mayo fue evidente y todas las instituciones partícipes lo saben; Formaron parte de esa jugada perversa del Gobierno que se hizo de todos los recursos del Estado para aferrarse al poder”, denunció.

Precisó que hizo un llamado a los magistrados del TSJ “para que apelaran a su juramento a la ética y moral” que los “obliga” a actuar en función del pueblo venezolano.

“En sus manos un recurso histórico que permitiría enrumbar al país; Pero una vez más actúan desde el interés partidista”, aseveró.

“La justicia divina obrará sobre quienes eligieron el camino de la perdiciónny hoy le niegan la oportunidad a Venezuela de tener un destino distinto; de paz y progreso. Seguiremos trabajando, sin descanso, por el rescate de nuestro país”, concluyó.

@Betzimar17

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