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Agentes de la UDEF detienen nuevamente a Nervis Villalobos en Madrid

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han detenido esta mañana en la capital española a Nervis Villalobos Cárdenas, dentro de una operación en la que se ha desmantelado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente de la corrupción en Venezuela.

Quien fuera viceministro de Energía Eléctrica del Gobierno de Hugo Chávez entre 2001 y 2006, Nervis Villalobos, ya había sido detenido en Madrid en octubre de 2017 por moción de Estados Unidos, esto debido a su presunta participación en una trama de corrupción vinculada a la oficina de la empresa estatal PDVSA en Houston.

Villalobos, estuvo preso en Soto del Real hasta el pasado 14 de septiembre, ha vuelto a ser apresado en una operación que se inició hace más de un año tras revelarse un gran numero de transferencias realizadas desde el extranjero por un consultor portugués llamado Hugo Gois, y que tenían como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a ex políticos de Venezuela y directivos de empresas.

En el mismo orden de ideas, durante la operación de este miércoles, también fueron detenidas en Madrid otras tres personas, entre las que se figura el ciudadano argentino Fernando Vuteff, yerno del ex alcalde Antonio Ledezma. Asimismo se han emitido 4 ordenes internacionales de detención y se han practicado 6 registros domiciliarios y en despachos profesionales.

Entretanto se procedió al embargo preventivo de más de 130 inmuebles, incluyendo un hotel, dos edificios de
apartamentos, una urbanización de lujo con más de 40 villas situada en Marbella y una decena de inmuebles localizados en el barrio de Salamanca de la capital española, todo ello con un valor estimado de 72 millones de euros. Ligado a estos inmuebles se derivó el bloqueo de mas de 50 cuentas bancarias titularizadas por los miembros de la organización criminal.

La operación, denominada Carabela, fue coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid, y contó con la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU y la Sección de Análisis Financiero de la Unidad Central de Inteligencia.

 

Testaferro de los hijos de Cilia Flores trabajó con la primera dama en la Procuraduría General de la República

El supuesto 'empresario' venezolano trabajó para el gobierno de Nicolás Maduro por 74 semanas entre el 2013 y mediados de 2014, y la totalidad de su sueldo declarado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales fue de Bs. 82.864, 68. Actualmente posee más de 13 empresas entre Miami y Panamá, y propiedades en ambos países.

Mario Enrique Bonilla Vallera, un supuesto 'empresario' venezolano que habría servido de testaferro a los hijos de la primera dama de Venezuela, trabajó con Cilia Flores cuando la esposa de Nicolás Maduro ocupó el cargo de Procuradora General de la República. De acuerdo a los récords, Bonilla Vallera empezó a trabajar con Flores el 7 de enero de 2013, con un salario promedio de 1.119, 32 Bolívares.

Bonilla Vallera aparece en una acusación formal del Departamento de Justicia señalado de haber servido de testaferro de los hijastros de Nicolás Maduro para la lavar cientos de millones de dólares en un esquema de corrupción que ya lleva dos detenidos y más de ocho órdenes de captura. Bonilla Vallera habría recibido 200 millones de dólares provenientes de la petrolera estatal PDVSA y que habrían sido transferidos a través de este sujeto para los hermanos Gavidia Flores.

Cilia Flores fue procuradora de la República Boliviana de Venezuela desde el 25 de enero de 2012 hasta el 11 de marzo de 2013, durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez. Abandonó el cargo tras convertirse en la primera dama luego que su marido, Nicolás Maduro asumiera el poder.

La relación de Bonilla Vallera con los hijos de la pareja presidencial venezolana no es nueva. El hoy acusado por las autoridades federales de los Estados Unidos por delitos de corrupción y lavado de dinero, fue compañero del hijo menor de Cilia Flores, Yoswal Alexander Gavidia Flores cuando ambos estudiaban en la escuela de Comunicación Social en la Universidad Santa María en Caracas, Venezuela.

Bonilla Vallera y Yoswal Alexander Gavidia Flores solían pasar mucho tiempo juntos, inclusive comparten su pasión por el Crossfit, los vehículos de lujo y los viajes de placer a lugares exóticos dijo una fuente de su entorno que fue consultada para la realización de esta nota.

Mario Enrique Bonilla Vallera nació en Baruta, estado Miranda, Venezuela, el 18 de septiembre de 1990. Está registrado para votar en el Colegio Santo Tomás de Villanueva en las urbanización Las Mercedes en la capital venezolana.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Investigación y documentación completa.

Documento prueba que empresa designada irregularmente para conformar Petrosur está vinculada a Derwick Associates

La filtración de un correo electrónico vino a corroborar las sospechas que se tuvieron desde un principio acerca de la estrecha relación que existe entre la empresa Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas y Alejandro Betancourt, cabeza principal de Derwick Associates, una contratista del Estado venezolano altamente cuestionada y señalada en varias acciones legales por haber supuestamente formado parte de un esquema de corrupción que envolvió miles de millones de dólares en contratos y sobornos vinculado al sector eléctrico de Venezuela.

En 2017, la firma holandesa-española Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas encendió las alarmas al ser designada irregularmente —dado que se violó la normativa constitucional para conformar la empresa mixta Petrosur— para la explotación del campo 10 Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco. Desde que se conocieron los términos de la negociación, y la compañía beneficiaria de la millonaria asignación se hicieron señalamientos —nunca evidenciados— de los supuestos vínculos de IPISA con el principal dueño de Derwick. He aquí el documento que confirma esta versión a casi un año después de los hechos.

Los datos

Una copia de un correo electrónico fechado el 30 de mayo de 2016 aclara que el socio de Alberto Cortina, representante de Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A., es Alejandro Betancourt. Se trata de una comunicación dirigida a Rubén Figuera (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) y a Eulogio del Pino (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), en la cual se puede leer que "el socio de los Cortina en IPISA es el venezolano Alejandro Betancourt dentro de la compañía que escribe la carta firmada por Ramón Blanco Balín". En este correo enviado por Antonio de Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., dicho remitente refiere que conoce a Ramón personalmente y que puede conversar con él si es necesario.

La comunicación fue acompañada por una copia de la carta firmada que Ramón Blanco Balín —empresario español acusado de lavado de dinero— enviada al entonces presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Eulogio Del Pino donde éste deja claras sus intenciones de conformar una empresa mixta con PDVSA con el objetivo de explorar el Campo Junín. Dice que la compañía Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A forma parte del grupo empresarial de Alberto Cortina, quien es uno de los mayores accionistas del Grupo ACS, un importante grupo industrial de Europa.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Investigación completa y documentos.

Tras declararse culpable y pagar una fianza de $250 mil, ex funcionario de PDVSA logra casa por cárcel

El ex director de Finanzas de la Electricidad de Caracas, Luis Carlos De León Pérez se declaró culpable ante un juez federal de Houston por cargos de corrupción y lavado de dinero. El ex funcionario del gobierno venezolano participó en un esquema a través del cual cobraban sobornos millonarios a las empresas que participaban en las licitaciones de la empresa pública de servicio eléctrico, filial de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

De León Pérez pagó una fianza de US $250.000,00 en la corte comprometiéndose a cumplir con todos los requerimientos establecidos en la orden de excarcelación. El ex funcionario, quien posee doble nacionalidad venezolano-americana, está obligado asistir a las audiencias del tribunal en Houston y Washington DC.

En la acusación del gobierno, De León Pérez admite que usó su poder e influencias para pedir sobornos a las empresas contratistas de la Electricidad de Caracas entre los años de 2011 al 2013, durante el gobierno del fallecido presidente, Hugo Chávez Frías.

En los documentos federales dice que el exfuncionario aceptó que formaba parte de una red de gerentes con altos cargos en la empresa estatal y que actuó en conjunto con otros exactos ejecutivos entre quienes se destacan el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos Cárdenas; y César David Rincón Godoy, que ocupó el cargo de gerente general de Bariven.

De León Pérez asumió su responsabilidad en el cobro de sobornos a los contratistas juzgados por la justicia norteamericana, Roberto Rincón y Abraham José Shiera, ambos en espera de sentencia.

Con su declaración de culpabilidad, Pérez De León logrará una condena menos severa.

El ex funcionario será sentenciado el 24 de septiembre de 2018 a las 10:00A.M.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

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PDVSA Occidente se desvía de sus objetivos y se dedica a financiar eventos políticos del chavismo

Sin que siquiera procuren la manera de ocultar o enmascarar el hecho, la estatal petrolera dispuso establecer una alianza comercial con un conjunto de empresa a objeto de organizar los eventos institucionales y revolucionarios.

El día 13 de noviembre de la 2014, la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente, para la fecha a cargo de José Luis Parada, decidió llevar a cabo bajo la “Modalidad No Competitiva” de la Normativa Interna con un panel de empresas, los servicios de contratación de eventos especiales por un monto estimado desde Bs. 317.500.127,00 hasta 381.000.000,00.

Esta decisión se adoptó de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5, Numeral 5 de la Ley de Contrataciones Públicas signado con el N° 1300282306/6600068274 y atendiendo a las recomendaciones la de la Comisión Única de Contrataciones de la estatal petrolera en Occidente, tal como consta en el acta de reunión Nro.2014-0183.

Las compañías —según expresan— fueron seleccionadas atendiendo a su capacidad técnica, legal y experiencia previa.

En el acto motivado identificado como el proceso 6600068274 de fecha 4 de noviembre del citado año 2014 con el cual se dio inicio al procedimiento de contratación de los “Servicios de organización de eventos especiales” N° 1300282306/6600068274.

A modo de justificación

Para justificar tal decisión se argumentó que la misma obedecía a los “continuos ataques a los valores impulsados por el Gobierno Bolivariano y a las instalaciones de PDVSA”, por lo que la Gerencia de Asuntos Públicos pasó a convertirse “en una habilitadora medular, puesto que tiene la responsabilidad de salvaguardar la imagen de la industria petrolera y del Gobierno Bolivariano en general”, en tal sentido —prosiguen—, esta dependencia “debe organizar constantemente eventos institucionales y revolucionarios con el fin de fijar en el colectivo una imagen positiva de la empresa y del Ejecutivo Nacional”.

En tal sentido, se refiere que en julio de 2012, a raíz de la disolución de la Gerencia General de Occidente y de la creación de cuatro divisiones, la Gerencia de Asuntos Públicos asumió la responsabilidad de llevar a cabo los eventos especiales.

Indicaron que desde entonces, a la fecha señalada al principio de estas líneas (13-11-2014) no se contrató a ninguna empresa para realizar dichos eventos, por lo que la Gerencia de Asuntos Públicos cancelaba a través de Facturas Autorizadas la cancelación de los servicios y productos ofrecidos por las compañías y se contrata “bajo las modalidades de selección de contratistas, o la figura excluidas de la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas, según sea aplicable a cada caso, para garantizar el total apego a nuestro ordenamiento jurídico y razonabilidad en los costos generados por la prestación de los servicios y/o adquisición de los bienes, optimizando así el uso de los recursos”.

Añaden que la Gerencia de Asuntos Públicos con el objeto de cumplir con las disposiciones legales vigentes, así como con la normativa interna de PDVSA, requería contar con una herramienta legal y administrativa que le permitiera garantizar el óptimo desarrollo para la logística necesaria de un evento o actividad organizada por PDVSA Occidente, y la sana administración de los contratos que se generen.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

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Serie: Los oscuros negocios de Jesse Chacón en Corpoelec (Parte II)

Contratos y adenda suscritos por Corpoelec con diferentes empresas suman Bs. 330.135.260,42 sin que se tengan noticias sobre el resultado que tales negociaciones tuvieron para Venezuela.

El esquema de corrupción consistente en contratar o establecer acuerdos por un monto inicial moderado e inflar dicho precio a través de la firma de adenda o acuerdos complementarios sucesivos, parece ser la fórmula que decidieron aplicar las instituciones públicas bajo la administración de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En esta nueva entrega de esta serie referida a la gestión de Jesse Alonso Chacón Escamillo al frente de Corpoelec, presentamos una serie de documentos que dan cuenta de ello, así como de negociaciones de las que no se tiene ninguna información acerca de sus resultados aun cuando representaron grandes erogaciones para Venezuela, a saber, Bs. 330.135.260,42, y que a pesar de esto, cuando se verifica que muchos de estos contratos se llevaron a cabo para remediar la crisis eléctrica que padece el país, resulta paradógico que, lejos de solucionarse, dicha crisis se ha agravado y ha alcanzado límites insoportables patra los venezolanos.

Compra de transformadores

El 25 de noviembre de 2013, la Corporación Eléctrica Nacional S.A., Corpoelec, representada por Enrique Chacón Russian, Coordinador Corporativo de Procura encargado según designación establecida en el Punto de Cuenta N° 2 de fecha 6 de mayo de 2013 debidamente facultado por el Manual de Designaciones Financieras y Administrativas de Corpoelec, aprobada su última modificación según resolución de la junta directiva N° DIR-0924 de fecha 20 de julio de 2012 y aprobada la continuidad temporal de las Firmas Autorizadas en el Manual de Designaciones Financieras y Administrativas mediante resolución de la junta interventora N° DIR-004 de fecha 1° de mayo de 2013, aprobada esta contratación mediante resolución de la junta interventora N° DIR-106 el 5 de octubre de 2013, por una parte, y por la otra, Casanova International LLC (Miami-EE. UU.), representada por su apoderado Alexander Abad Cordero González, suscribieron un contrato de suministro identificado con el número NCO/CAP10/0099/2013, para la “Adquisición de Transformadores de Distribución para la Reposición de Inventarios a Nivel Nacional, Lotes 4 y 6, Bajo el Término Comercial CIF”, con la calidad y especificaciones técnicas, condiciones, precios y plazos especificados en documentos anexos al contrato.

El precio del contrato

El monto del contrato era hasta USD 20.664.159,00 equivalentes a Bs. 130.184.201,70 a una tasa de cambio de Bs. 6,30 por dólar vigente para el 30 de septiembre de 2013, calculado por la contratista con base en los precios unitarios indicados en uno de los anexos. El pago será el que resulte de multiplicar las cantidades de bienes realmente suministrados y aceptados a entera satisfacción por Corpoelec, por los precios unitarios acordados.

La estatal pagaría a Casanova International LLC por el suministro, luego de calcular a través de la multiplicación del número de bienes solicitados en los pedidos, por el precio unitario correspondiente a estos que fue previamente acordado por las partes. Se advirtió que el precio estaba sujeto a aumento o disminución, en función de las entregas que en definitiva hiciera la contratista de acuerdo a las autorizaciones previamente otorgadas por Corpoelec.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

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Así engordaron sus cuentas altos funcionarios chavistas con Odebrecht

Investigaciones de las fiscalías de Venezuela, Brasil y Houston pusieron al descubierto un esquema de presunta corrupción vinculada al conglomerado brasileño Odebrecht, mediante contratos cuyos montos originales fueron inflados en convenios secretos con la aprobación y firma de Diosdado Cabello y otros altos líderes revolucionarios.

Una serie de contratos complementarios suscritos entre el gobierno de Venezuela y la Constructora Norberto Odebrecht, de Brasil, cuyos detalles se mantuvieron secretos hasta ahora, fueron utilizados para incrementar en centenares de millones de dólares los costos de las obras, dinero que habría sido desviado para el presunto pago de altas comisiones a funcionarios del gobierno venezolano.

De acuerdo a documentos de las contrataciones, actualmente bajo investigación de las fiscalías de Venezuela, Brasil y Estados Unidos y vinculados a la trama de corrupción de Odebrecht, el precio original estimado para las obras contratadas por el gobierno venezolano se infló a través de una serie de “documentos complementarios” firmados en fechas posteriores a la firma del contrato original, con cifras muy por encima de los costos reales.

Las indagaciones, coordinadas en Venezuela por el fiscal Pedro Lupera en el marco de la llamada Operación Lavajato, fueron incluidas en las investigaciones contra la corrupción del gigante brasileño por la fiscalía en Brasilia, y retomadas por la fiscalía de Houston, que también participó en la investigación internacional contra Odebrecht.

En uno de los casos más notables firmado por el Ministerio de Infraestructura y Finanzas de Venezuela, Odebrecht cotizó un precio inicial de USD 991.6 millones cuando ganó la licitación en 2006 para construir el tercer puente sobre el río Orinoco. Para 2014, el costo de la obra ya era el triple del precio original.

Los excesivos incrementos de los contratos se hicieron mediante una estrategia de añadir una serie de adenda, denominados “documentos complementarios”, presentados por Odebrecht de manera secreta, y aprobados por altos funcionarios en Venezuela.

En el caso del proyecto conocido como “Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco”, la corporación brasileña presentó cinco “documentos complementarios”, mediante los cuales los costos se incrementaron en más del doble en un período de 9 años. Pese a los incrementos, sin embargo, la obra no fue culminada.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

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Agentes de la Udef detienen en Madrid a hijo de millonario venezolano por lavado de dinero

La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía, en combinación con la Fiscalía Anticorrupción, por orden del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid detuvieron al venezolano José Roberto Rincón por lavado de dinero, según información del diario ABC España.

José Roberto Rincón Bravo hijo del millonario residenciado en Estados Unidos Roberto Enrique Rincón Fernández, fue arrestado la mañana de este miércoles en Madrid, en el marco de investigaciones que se vienen haciendo contra el blanqueo de capitales procedentes de PDVSA.

Cabe destacar que Roberto Enrique Rincón Fernández, radicado en Estados Unidos, fue arrestado en 2015 y confesó ante la Justicia de ese país haber sobornado a funcionarios para que su empresa fuera beneficiaria de distintos suministros para la empresa petrolera estatal PDVSA.

Según fuentes del mencionado diario español, José Roberto Rincón, habría blanqueado en España millones de euros provenientes de contratos con la empresa petrolera, mediante la compra de propiedades inmobiliarias, sociedades y otros bienes.

Asimismo se prevé nuevas detenciones, ya que si bien este individuo era el objetivo de más alto nivel de las investigaciones, también hay involucrados otros entes y funcionarios que están en la mira de la justicia española, portuguesa y de Andorra. 

La causa comenzó llevándola la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien coordinó en junio de 2017 cinco registros en Madrid dentro de una investigación de la Justicia portuguesa sobre el presunto desvío de unos 6.000 millones de euros de PDVSA a directivos del Ministerio de Energía de ese país, de los que 3 millones acabaron en España, informó EFE.

En el operativo también se registró una propiedad del empresario y banquero portugués Joao Espirito Santo, se trata de una finca de de aproximadamente 500 metros, ubicada en Chinchon, ubicada en las afueras de Madrid.

Uno de los principales señalados era el que fue presidente de la compañía y embajador ante la ONU Rafael Ramírez.

 

Desvían millones de fondo de Bandes para lavarlos en Nicaragua

Un esquema de corrupción que incluye desvío de fondos del estado venezolano, desacato de órdenes impartidas, usufructo irregular de bienes y personal de una institución pública, otorgamiento indebido de créditos habría tenido lugar en las oficinas del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela en Nicaragua bajo la gestión del actual director externo de Petróleos de Venezuela, Simón Zerpa Delgado, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2017.

Una investigación iniciada sobre la base de documentos y testimonios logrados a través de fuentes ligadas a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) puso al descubierto el mecanismo utilizado por un grupo de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro para hacerse de dinero proveniente del erario público venezolano e invertirlo en un negocio privado que beneficiaría a los involucrados una vez concluyan sus funciones gubernamentales. Las evidencias muestran la participación de quien fuera presidente de Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela y actual ministro popular para la economía y finanzas, Zerpa Delgado, en conjunto con la gerente de Bandes, María Auxiliadora Díaz Gómez. He aquí la historia.

Manejos irregulares en Bandes

El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela se fundó por iniciativa del gobierno venezolano, para entonces presidido por Hugo Chávez Frías, en 2001 mediante el Decreto N° 1.274 con Rango y Fuerza de Ley de Transformación del que hasta ese entonces había sido el Fondo de Inversiones de Venezuela, FIV. De acuerdo a lo que reza su página web[1], su núcleo de trabajo es “brindar asistencia financiera y técnica para la expansión de la infraestructura social y productiva del país, a fin de contribuir con el desarrollo equilibrado de las distintas regiones. Estos esfuerzos, que requieren grandes despliegues financieros y sostenimiento a largo plazo, encontrarán en Bandes un equipo técnico altamente capacitado para un desenvolvimiento eficiente”. Agrega que “Como eje transformador del modelo rentista venezolano, Bandes tiene el papel de apoyar sectores productivos con potencial para exportaciones, convirtiéndose en el respaldo necesario para los actores que quieren y pueden contribuir a la diversificación de los ingresos de la Nación”.

Para 2008, el Ejecutivo Nacional emitió un nuevo decreto, el N° 6.214, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes)[2], en razón de desvincularlo de las obligaciones que se le habían adjudicado, las cuales no eran “compatibles con su naturaleza de Banco de Desarrollo”, establece la exposición de motivos.

Allí, el artículo 2 estipula que el “Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) es un banco de desarrollo que tiene por objeto promover el desarrollo económico-social y financiar actividades, a través del apoyo técnico y financiero a las inversiones sociales y productivas nacionales e internacionales de acuerdo con las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.

Asimismo, en el artículo 10 se indica que el Bandes “podrá movilizar depósitos en divisas sin la obligación de convertirlos en moneda nacional y no estará sometido a restricciones en lo que respecta a términos, limitaciones y modalidades de sus operaciones y posiciones en divisas”.

Por Maibort Petit 

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