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Ascensos de la FANB dependerán de la firma en la carta de lealtad a Maduro

El requisito clave para el ascenso de los militares será la firma de la carta de lealtad a Nicolás Maduro, así lo aseguró la presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fuerza Armada, Rocío San Miguel.

San Miguel destacó que, “se ha reportado que los militares que están en la lista para ascender al grado superior, los convocan a firmar y si no lo hace los sacan. Es el colmo de la partidización política y que está prohibida en la Constitución nacional. Es aberrante y constituye más que un chantaje. Seguramente quienes no lo hagan perderán la carrera”, afirmó.

Así mismo, se conoció que entre los oficiales afectados están los que ocupan los primeros lugares en sus promociones. Además, la presidente de Control Ciudadano para la Seguridad recordó que la petición de un certificado de lealtad al presidente de la República es inédita y ni el comandante Hugo Chávez la exigió.

El general retirado Juan Antonio Herrera Betancourt recordó que en la historia de la Fuerza Armada nunca se vio un requerimiento de lealtad personal, “ni siquiera lo hizo el general Juan Vicente Gómez”. Una solicitud de esta naturaleza atenta contra el profesionalismo de la organización militar. “Lógicamente Nicolás Maduro debe sentirse preocupado. Enla Fuerza Armada hay una murmuración masiva sobre la situación del país, personal y familiar. Esto es una realidad también en la institución y de allí la cantidad de oficiales detenidos”, agregó.

Más de 16.900 efectivos militares venezolanos fueron ascendidos por su "lealtad"

El gobierno venezolano ascendió este lunes a 16.900 militares en reconocimiento a su " lealtad", aspecto que se ha vuelto recurrente en el discurso del mandatario Nicolás Maduro en medio de denuncias de conspiración, reseñó AFP.

"Evaluamos la lealtad que cada hombre y cada mujer puso en sus manos, en su pensamiento, en su accionar, en cada tarea que hizo durante el grado que le correspondió transitar", dijo el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino. Durante una de las ceremonias de promoción de oficiales y personal de tropa, Padrino señaló que fue un proceso riguroso y justo, que sirvió para medir el grado de compromiso de toda la Fuerza Armada con la "revolución bolivariana".

"Hemos evaluado la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en estos oficiales que hoy reciben sus nuevos grados en todo el territorio", sostuvo. Maduro multiplicó en los últimos meses sus llamados a la FANB a "cerrar filas contra la traición", ante supuestos planes para dividir a los militares y propiciar su caída en medio de la grave crisis política y socioeconómica.

El pasado 24 de mayo, cuatro días después de su controvertida reelección, el mandatario anunció la captura de un grupo de militares acusados de conspirar contra esos comicios, azuzados por la oposición y los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. No precisó el número ni el rango de los implicados. Sin embargo, Alfonso Medina, uno de los abogados defensores, aseguró a la AFP que se trata de ocho militares -entre ellos dos generales- y un civil, quienes fueron imputados ante una corte castrense por traición a la patria, instigación a la rebelión y motín, entre otros.

Asimismo la ONG Foro Penal, que defiende a opositores acusados de delitos políticos, anunció el pasado 20 de junio que cinco militares y tres civiles fueron condenados a prisión de tres a seis años sindicados de haber participado en un complot golpista denunciado por Maduro en 2015. El ministro dijo que para los ascensos se tuvo en cuenta en particular "el papel" de los aspirantes en la "estabilidad institucional del país y la preservación de la democracia y la paz", en alusión a protestas opositoras contra Maduro que dejaron unos 125 muertos en 2017.

También, el "respeto de los derechos humanos", añadió. "Ascender (...) en socialismo no tiene absolutamente nada que ver con los méritos o la mal llamada meritocracia capitalista; en socialismo los méritos los evaluamos de manera inclusiva, igualitaria, no son méritos nobiliarios, ni aristocráticos que tengan que ver con clases sociales", remarcó el general en otro acto.

Con amplio poder político y económico, los militares son considerados por especialistas como el principal sostén de Maduro.

Venezolanos que protesten contra los servicios en Lara serán sancionados

Cientos de venezolanos en distintos estados protestan a diario debido al precario funcionamiento de los servicios públicos básicos, algunas de las manifestaciones han terminado con el uso de la fuerza por parte de los funcionarios de seguridad del Estado quienes recurren a las
bombas lacrimógenas para frenar el acto.

Como una medida “desesperada”, así como lo han tildado las personas a través de las redes sociales, las autoridades en el estado Lara indicaron que quienes cierren las calles serán citados al comando de la policía, según, para recibir una charla.

"Cerrar una calle es un delito tipificado en el Código Penal. Seremos muy estrictos con el cumplimiento de la ley”, dijo el director de Seguridad, Kleyder Ferreiro.

Los larenses han salido a las calles exigiendo a las autoridades el mejoramiento de los servicios públicos, un acto que está reflejado en la Constitución venezolana.

"Nuestra gobernadora ordenó la militarización de varias estaciones", dijo la presidenta de Hidrolara, Sabrina Salvatrice, quien dijo que las fallas en la electricidad corresponden a presuntos "sabotajes".

Pese a que el ministro de la Energía Eléctrica, así como la gobernadora y alcaldes de los distintos municipios, atribuyen los problemas a sabotajes, los trabajadores de Corpoelec, empresa encarga del suministro de la energía eléctrica, han denunciado que se debe a la falta de mantenimiento. La última persona que advirtió un colapso eléctrico fue detenida.

Desde hace tiempo las personas no han podido disfrutar del buen funcionamiento del agua. Según Hidrocapital, la empresa encargada del suministro del vital líquido, el racionamiento se debe a los bajos niveles que tienen los embalses impidiendo la normalización de la distribución.

Ante ello, los larenses han optado por contratar camiones cisternas, denunciando el alto costo de los vehículos que oscilan entre Bs. 5.000.000 hasta 20.000.000 bolívares.

El gas doméstico forma parte de la crisis, según las denuncias, el servicio puede tardar en llegar hasta un mes. Obligando a los habitantes a cocinar en fogatas.

Tamara Suju: Creo firmemente que las FAN le dirán al régimen “hasta aquí llegaste”

Entrevista a la defensora de los DDHH Tamara Suju, donde explicó, que contuvo el informe Almagro para que el Panel de Expertos declarará que si consiguieron 7 crímenes de lesa humanidad de los calificados por el Estatuto de Roma.

Tamara Suju indicó que el Informe habla de asesinatos, ajusticiamientos, detenciones arbitrarias suficientemente graves, de torturas, de violación y otros delitos de carácter sexual, que se contabiliza en un 70% de los casos.

“El régimen venezolano en el sentido de aplicar la tortura sexual se pueden calificar como criminales, en el sentido de aplicar la tortura sexual contra menores de edad, contra personas de la tercera edad, el hecho de meterle a un joven de veinte años un tubo por el ano ó un fusil, es inhumano”.

Tamara aclaró que a ella le gustaría tener el poder para saber cual es el futuro cercano de Venezuela y el desenlace de la pesadilla, pero lamentablemente no lo puede asegurar, porque la vía judicial es lenta, sobre todo la internacional, pero no descarta que pronto se van a producir efectos favorables para el país.

“La vía judicial es lenta, sobre todo la internacional, pero está abierta y va a producir efectos…muy pronto un país agarre y denuncié, ese mismo país puede pedir una orden de aprehensión internacional en contra del Régimen”.

Asimismo afirmó, que el régimen venezolano le tiene temor a dos cosas, a las sanciones económicas y personales, porque mientras distintos países estén con la presión de las sanciones, ellos no van a tener donde ir.

“Hay muchas personas que critican la pasividad del venezolano, y se preguntan por qué no están en las calles, oye, la verdad es que tenemos 17 años en las calles, nos han matado, nos han torturado, nos han detenido, han provocados exilios masivos, entonces pedirle al venezolano que está sobreviviendo es muy duro, quienes tienen que tomar esas riendas son las Fuerzas Armadas”.

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Disidentes chavistas: “masiva detención de militares refleja el quiebre dentro de la FANB”

Ante la repentina decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de ordenar la libertad de decenas de presos políticos un grupo de disidentes del Gran Polo Patriótico (GPP) elevaron su voz de protesta denunciando la masiva detención de oficiales de la Fuerza Armada Bolivariana (FANB) lo cual para ellos es un reflejo del descontento que hay dentro del cuerpo castrense hacia la dictadura. Salomón Álvarez quien lidera a este grupo recalcó el llamado a la unidad nacional y la concertación para salir de la crisis.

Álvarez, secretario general del partido Piensa en Democracia (Piedra), explicó que en medio del proceso fraudulento del 20 de mayo se han efectuado la detención de centenares de militares, quienes habían manifestado su rechazo a la dictadura y que de forma sumaria han sido juzgados y se encuentran presos sin derecho a su legítima defensa. “Estos oficiales de la dignidad no se han dejado poner la bota cubana encima y han expresado la necesidad de un cambio de Gobierno de forma pacífica, democrática y constitucional”, indicó.

Reveló que a lo interno del chavismo sea en el sector civil o militar existe una rebelión en la bases, como quedó demostrado cuando el pueblo tomó la decisión de no avalar con su voto la farsa de las elecciones del 20 de mayo. “El pueblo pobre de La Vega, Catia, Petare o Guarenas le dio la espalda a la dictadura de Maduro y a pesar de las presiones se quedó en su casa y ahora le pide a su dirigencia que asuma la riendas salgamos todos a las calles exigiendo libertad”.

El actual dirigente del Frente Amplio Venezuela Libre concluyó enfatizando en la necesidad de una verdadera unidad nacional y concertación para enfrentar junto a la dictadura de Nicolás Maduro, esperando aún un apoyo más tangible por parte de la comunidad internacional.

“Estado Unidos y el Presidente Trump como la OEA o la Unión Europea deben ejecutar más acciones contundentes que simples sanciones contra estos criminales que hoy ostentan el poder en Venezuela”, dijo.

Saqueo de armamento y baja moral sacude cuarteles en Venezuela

La debacle parece haber llegado a la institución castrense, donde a las bajas militares y deserción de la tropa y oficialidad media, se suma el deterioro de los equipos, la falta de mantenimiento, la impericia, negligencia y, peor aún, la pérdida y sustracción de armamento y municiones.

No solamente el hambre y de la deserción imperan en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, como se ha venido denunciando en los últimos días, al darse a conocer los cientos de bajas —o simplemente abandono— que han tenido lugar a raíz de la crisis imperante en la institución castrense, donde sólo la alta oficialidad disfruta de las mieles que brinda el usufructo del poder, pues las tropas profesionales y conscriptas han decidido dejar los cuarteles para ir a buscar los medios que les permitan mitigar la falta de alimentos que padecen ellos y sus familias.

No, la crisis también se hace evidente en el desmantelamiento o más bien debacle, que sufre el equipo militar el cual, según deja ver un documento llegado a nuestras manos, está muy alejado de ser el sofisticado aparataje del que presume el gobierno nacional en cada referencia que hace a la FANB y, por el contrario, solamente es un conjunto de chatarra que se acumula en las instalaciones del que otrora fuera el “glorioso” ejército venezolano forjador de libertades.

Un informe técnico confidencial que está en nuestro poder identificado con el número CMVB-DMAG-AMX-30V-001-18, fechado el 8 de febrero de 2018 y remitido por el coronel José Antonio López Acevedo, director del Centro de Mantenimiento de Blindados al general de brigada Gerardo Enrique Merchán Sánchez, comandante de la 11 Brigada Blindada “G/B. Pedro Ruiz Rondón”, da cuenta del resultado de la evaluación realizada entre los meses de enero y febrero del presente año a los tanques AMX-30V pertenecientes al 113 Batallón Blindado “Cnel. Leonardo Infante” ubicado en el municipio Mara del estado Zulia. Allí se presenta un diagnóstico de las unidades, así como del grado de deterioro, pérdida y desmantelamiento de las mismas. Igualmente se hacen las recomendaciones pertinentes a fin de lograr la recuperación del parque blindado del ejército y los planes de inspecciones y visitas de los equipos móviles del Centro de Mantenimiento de Vehículos Blindados del Ejército Bolivariano[1], Cenamblin[2].

Por Maibort Petit/Venezuela al Día
@maibortpetit

Investigación completa y documentos.

"Solo cumplía órdenes": Militares también pueden ser juzgados por delitos lesa humanidad

Crímenes de lesa humanidad, delitos investigados por instancias internacionales donde quieren colocar ante tribunales a funcionarios del régimen de Maduro, luego de las protestas antigubernamentales que acabaron con la vida de cientos de personas debido a la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), adelanta trabajos sobre el tema. En su tercer informe sobre la situación en Venezuela, publicado el 19 de julio de 2017, el Secretario General, Luis Almagro, afirmó que había evidencia que “apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico de asesinatos, encarcelamientos, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, como herramientas para aterrorizar al pueblo". Esto podría constituir crímenes de lesa humanidad y deben señalarse a la atención de la Corte Penal Internacional (CPI) para su consideración.

La Constitución venezolana, en sus diferentes artículos, exige a las autoridades que respeten y den garantía de los Derechos Humanos al pueblo, acciones que se ven empañadas por la represión sistemática y constantes detenciones arbitrarias que cometen a diario.

Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen.

La pena que un juzgado podría otorgar por cometer delitos de lesa humanidad van desde los 14 años a 30 años de prisión. Condena que podrían también pagar los militares o funcionarios que solo alegan que "cumplían órdenes".

Los uniformados y funcionarios que violaron los Derechos Humanos de alguna personas, podrían pagar los crímenes sin presentar excusa alguna. Así como lo estipula el artículo 25 de la Constitución.

Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.

Es decir, los funcionarios públicos pueden ser sancionados luego de cometer un acto dictado donde violen o menoscaben los deberes garantizados por la Constitución y la ley, incurriendo en responsabilidad penal, civil y administrativa, sin que sirva de excusa el que haya sido producto de ejecutar acciones mediante órdenes superiores.

Ante ello, cabe explicar que los crímenes de lesa humanidad se definen, en el artículo 7 del Estatuto de Roma, como delitos específicos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil con conocimiento del ataque.

Venezuela es un estado parte del Estatuto de Roma, y la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre cualquier delito cometido en el territorio venezolano o por nacionales venezolanos desde el 1 de julio de 2002.

Los autores, cómplices, encubridores, facilitadores u otros vinculados al acto que forma parte de los “ataques” a los Derechos Humanos, están, en efecto, en conocimiento que pueden ser llevados a instancias internacionales para pagar la factura de tanto mal que han hecho.

Ante ello, desde el presidente de la República hasta el torturador directo o material, el funcionario civil, militar o judicial que actuó en forma indebida o que permitió que se realizase el acto, son conscientes de que forman parte de un sistema o de una política de Estado lo que compromete su responsabilidad penal.

Estas acciones crueles tienen que ser "frenadas" y como una acción de erradicar la "impunidad" en le país, instancias como la OEA preparan informes que llevarán ante la CPI con el fin de devolverle la democracia a Venezuela.

@Betzimar17

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