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"Justicia Internacional y voluntad política"

La voluntad política en el Caso Venezuela, se hace presente en la persona de cinco jefes de Estado según la opinión del abogado e internacionalista William Cárdenas Rubio, quien nos deja su apreciación respecto a este tema.

El año 2003, cuando iniciamos el camino de buscar una jurisdicción internacional complementaria para que los crímenes que se cometían en Venezuela pudieran ser juzgados ante órganos imparciales, y dar satisfacción a las ansias de justicia de las víctimas y sus familiares, sabíamos que el camino no sólo implicaba un reto jurídico, sino que al mismo tiempo, requería de una fuerte voluntad política que apoyara las denuncias.

En esa época, la geopolítica favorable que mantenía el gobierno de Hugo Chávez, apuntalada desde el Foro de Sao Paulo, interfería en el reconocimiento de la gravedad y trascendencia de los crímenes que ocurrían en Venezuela, que han finalmente traído como desenlace la crisis humanitaria que hoy vivimos. Hubiésemos preferido estar equivocados.

Es, de hecho, un requisito consagrado en el Artículo 5 del Estatuto de Roma que la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) se circunscriba a "los crímenes más graves de transcendencia para la comunidad internacional en su conjunto" para que la Corte pueda hacerse cargo de ellos.

Hoy en día, la crisis venezolana ha trascendido las fronteras y afecta con una crisis humanitaria y migratoria a distintos países, con una población que huye del exterminio que lleva a cabo el gobierno de Nicolás Maduro, y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos contra ciudadanos y líderes de la oposición política.

Los apoyos de la comunidad internacional sobre estas denuncias son particularmente necesarios cuando se pretende impulsar el funcionamiento de nuevas cortes internacionales, especialmente, cuando los señalados como responsables de los crímenes son Jefes de Estado en activo, ministros, oficiales de las fuerzas armadas, jueces o fiscales.

De allí que nuestro afán de poner en marcha el proceso para que los crímenes de lesa humanidad fueran investigados por la Fiscalía de la CPI, adoleció al principio de este impulso necesario.

No bastaba presentar argumentos jurídicos sólidos, ni pruebas fehacientes de los crímenes y de sus presuntos autores; era necesaria una voluntad política que respaldara lo que denunciábamos, para que los resortes de ese órgano de la justicia universal tuvieran mayor atención sobre nuestras denuncias y se pusieran en marcha.

Pero hoy, en el año 2018, la transcendencia de la crisis venezolana para la comunidad internacional ha provocado que surjan apoyos a las denuncias al más alto nivel, en la persona de cuatro o cinco Jefes de Estado de países latinoamericanos, que están dispuestos a denunciar a Nicolás Maduro y sus cómplices, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país.

Son ellos los presidentes Iván Duque, de Colombia; Mauricio Macri de Argentina; Sebastián Piñera de Chile; Martín Izcarra del Perú; y Mario Abdó Benitez de Paraguay. Incluso parece que el presidente Carlos Alvarado de Costa Rica, también estudia la posibilidad de adherirse a esta denuncia.

La acción tendrá como fundamento el Informe de la OEA sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, elaborado por los expertos que actuaron a instancias de Luis Almagro, Secretario General de la Organización, Srs. Irwin Cotler (canadiense), Santiago Cantón (argentino) y Manuel Ventura Robles (costarricense).

Los medios de comunicación han exaltado esta situación, entre otras cosas porque sería la primera vez que "Estados Parte" del Estatuto de Roma, denuncien a un Jefe de Estado en activo de un país que también forma parte de este tratado internacional. Y resaltan especialmente la actitud que en esta materia ha tenido el presidente de Colombia, quien junto con otros parlamentarios ya denunció a Nicolás Maduro el pasado año, cuando Duque era Senador.

No podemos olvidar la actuación que en esta materia del Príncipe jordano Zeid Raád Al Husseim, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien ha presentado dos informes contundentes sobre estos crímenes y, particularmente, sobre la renuencia e incapacidad del sistema de justicia venezolano para abordar su investigación, lo que daría paso a la jurisdicción complementaria de la CPI.

El Alto Comisionado ha dicho recientemente antes de abandonar el cargo, que ante lo ocurrido en Venezuela se ha reaccionado tarde, pero que ha llegado la hora de accionar los resortes de la justicia internacional.

Los que hemos actuado ante la Fiscalía de la CPI desde hace 15 años, valoramos enormemente el respaldo a la causa de la justicia que esta denuncia por parte de Jefes de Estado puede significar para el Caso Venezuela, que desde el mes de febrero de 2018 se encuentra en fase de eximen preliminar en la Fiscalía de la CPI, gracias al impulso de denuncias efectuadas por distintos juristas y organizaciones de la sociedad civil.

La denuncia de estos "Estados Parte" ante la Fiscalía de la CPI, obviamente acelerará el proceso, pues dada la alta representación de los denunciantes, se abreviará la primera fase del examen preliminar y colocará a la Fiscalía en la situación de tener que abordar de inmediato, la tercera y cuarta fases, referidas a la complementariedad, gravedad y el interés de la justicia, como requisitos necesarios para que sea iniciada la investigación formal.

Ahora bien, lo más importante de todo, es que al ser "Estados Parte" los denunciantes, la decisión de la Fiscal, en caso de rechazar el inicio de la investigación, es revisable ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora, dándose por terminado el monopolio que ha ejercido la Fiscalía sobre la admisibilidad de las denuncias de particulares en el Caso Venezuela.

Esta Sala de Cuestiones Preliminares está integrada por un grupo de magistrados, de quienes dependerá la decisión final, garantizándose a su vez, por un lado, el debido proceso con respecto a los denunciados; y por otro, la posibilidad de acceso a la justicia por parte de las víctimas.

El escenario que se avecina se presenta inédito, en la continúa lucha por lograr obtener justicia para unos crímenes que no prescriben, ni pueden quedar impunes.

William Cárdenas Rubio-Vargas

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  • Publicado en Opinión

William Cárdenas Rubio: Señora Bensouda ¡Es Exterminio, actué ya!

La Corte Penal Internacional (CPI) está llegando a la mayoría de edad. No es que 20 sean muchos para una Corte que pretende ejercer su jurisdicción sobre los peores crímenes de la humanidad en el contexto universal. Tal vez son pocos, pero son suficientes para saber lo que hay que hacer cuando hay casos lacerantes, como el de Venezuela, que reciben el repudio de la comunidad Internacional, en el que se clama su intervención desde organismos internacionales, estados y desde órganos de la propia Organización de Naciones Unidas, como su Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

El crimen de exterminio que está ocurriendo en Venezuela ya está bajo el conocimiento de los órganos de investigación de la Fiscalía de la CPI que llevan adelante el examen preliminar del Caso Venezuela. Así nos lo confirman las recientes comunicaciones que hemos recibido de La Haya.

Este es un delito silencioso, que se está materializando día a día cobrándose miles de víctimas, que mueren de hambre o por falta de medicamentos, o que viven en estado de absoluta postración con enfermedades crónicas sin atención médica ni remedio posible, o niños y adultos en estado de desnutrición, con imágenes que nos recuerdan los campos de concentración nazi.

El régimen totalitario ha impuesto intencionalmente condiciones de vida encaminadas a causar la destrucción de una parte de la población, entre otras la privación de alimentos y medicinas. ¿No es este el tipo penal tipificado como Exterminio en el Estatuto de Roma?

Día a día la cifra de muertes aumenta sin piedad, con un gobierno delincuente que se niega a recibir ayuda humanitaria ofrecida una y otra vez por estados y organismos internacionales. Los venezolanos que logran huir sin rumbo cierto, salen del país por sus fronteras con lo puesto y acaso con un pequeño maletín donde llevan su vida.

Los hechos son suficientemente conocidos por los funcionarios de la CPI, y también han sido advertidos y denunciados por numerosas personas e instituciones, entre ellos el ya mencionado ACNUDH, quien además ya le ha informado a su Fiscalía que el estado venezolano no tiene capacidad para iniciar una investigación de estos crímenes, ni quiere ni puede. Es decir, ya puede activarse la justicia complementaria de la CPI; se lo está diciendo el más alto funcionario en materia de derechos humanos del mismo sistema de Naciones Unidas.

También la hemos informado, de como se acrecienta la gravedad de los hechos a medida que pasa el tiempo, y por su puesto, que es más que evidente el interés de la justicia en una situación que parece no tener final, y de que si no se remedia tal conducta criminal, puede ser perfectamente imitada por otros autócratas; basta echar una mirada a Nicaragua.

Y si no puede, ¡dígalo ya!. Tal vez, a los 20 años sea el momento, para los Estados Parte en su Asamblea anual, de revisar el Estatuto de Roma y sustituir la figura de un único Fiscal de la CPI, por un cuerpo colegiado de 5 fiscales, uno por cada continente, que cumplan la función de investigar estas denuncias de manera más eficaz, efectiva y eficiente. Una justicia lenta, ¡no es justicia!. Y una conducta negligente, en una situación como la de Venezuela, puede comprometer seriamente la responsabilidad de quienes están llamados por ley, a atender estos graves asuntos.

William Cárdenas Rubio

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