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Caso Juan Requesens: injusticia en su estado más puro

Caso Juan Requesens Foto Acceso a la Justicia Caso Juan Requesens

Para la ONG Acceso a la Justicia, el caso de Juan Requesens es un ejemplo de injusticia en su estado puro.

A raíz del supuesto atentado presidencial ocurrido el 4 de agosto, se han venido verificando una serie de acciones que más que aportar transparencia e información sobre un hecho tan terrible como el ocurrido, ratifica que no hay manera de que los cuerpos represivos del Estado respeten las garantías mínimas que la olvidada Constitución vigente les reconoce a todos los ciudadanos, incluyendo a los opositores, como lo es el caso del diputado Juan Requesens.

Su caso se dio tres días después del ataque con drones en un acto liderado por el presidente Nicolás Maduro, cuando una comisión de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sin orden judicial y de forma violenta, detuvo tanto al diputado Juan Requesens como a su hermana Rafaela, siendo esta última liberada a las horas, sin mayores explicaciones sobre el paradero de su hermano o las razones de su propia detención, destaca la ONG Acceso a la Justicia.

La Carta Magna, relegada por este régimen, establece sólo dos supuestos para detener a una persona: por orden judicial o por estar en flagrancia. Esta última fue la argumentada en contra de Requesens.

Según el criterio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la flagrancia implica cuatro condiciones: 1) que se esté cometiendo un delito y alguien así lo indique porque lo vive directamente; 2) que acabe de cometerse, situación que se ilustra con el siguiente ejemplo: “podría pensarse en un caso donde una persona oye un disparo, se asoma por la ventana, y observa a un individuo con el revólver en la mano al lado de un cadáver”; 3) que el sospechoso sea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público; o 4) cuando “se sorprenda a una persona a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde ocurrió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir, con fundamento, que él es el autor”.

En la sentencia que se pronunció sobre la solicitud del Ministerio Público contra el diputado Juan Requesens, para justificar la existencia de una flagrancia, el TSJ utiliza otra figura, la del delito permanente, es decir, aquel que no se agota en un solo instante sino que permanece en el tiempo, como lo es por ejemplo, el caso del secuestro, en el cual el delito sigue existiendo mientras la víctima esté retenida para la obtención del rescate, por ello cualquiera de sus autores, entretanto esa situación se mantenga, puede ser detenido en flagrancia.
 
"Tomando en consideración las implicaciones descritas, se debe explicar cómo se relacionan las mismas con el caso Requesens. Desde el año pasado, a todos los diputados opositores que han sido perseguidos penalmente se les han imputado delitos permanentes asimilándolos a flagrancia, y en el caso particular del parlamentario se le acusó, entre otras faltas, de instigación pública continuada, traición a la patria y asociación para delinquir, violaciones que el TSJ considera como permanentes y, en consecuencia, susceptibles de que permitan detener a alguien flagrantemente".
 
Al analizar las supuestas pruebas en contra de Requesens, el TSJ simplemente se limitó a decir lo siguiente:
 
“Toda vez que las actuaciones que cursan en el expediente evidencian que el mencionado ciudadano presuntamente ha cometido delitos de naturaleza permanente, por lo tanto está en situación de flagrancia, en virtud de lo cual, a criterio de esta Sala Plena, su enjuiciamiento ineludiblemente corresponde a la jurisdicción de los Tribunales Penales Ordinarios”. 

"En estas pocas líneas está resumida la detención de un diputado con inmunidad parlamentaria, pues en ninguna otra parte de la sentencia se señala o explica por qué se considera que existen evidencias de un delito permanente cometido por él, y menos aún de una situación de flagrancia, sino que el TSJ simplemente indicó que por ser algunas de las violaciones de las que se le acusa de tal naturaleza procede entonces la aprehensión, pues la misma ocurrió en flagrancia", señala la ONG.

 Agrega que cuando parece que las cosas no pueden empeorar, surge otro elemento “incriminatorio” contra Requesens, y es algo denominado por el Ministerio Público “experticia de ingeniería social”, lo que no es más que la lectura de las redes sociales del diputado, de lo se concluye que este “hace reiterados llamados públicos a retomar las actividades violentas de calle”.

Tampocp obvian la desaparición forzada a la que fue sometido Requesens por más de cuatro días sin que se informara de su paradero. Esto evidencia un patrón del régimen, pues no son pocos los casos en que se detiene arbitrariamente a las personas sin orden de aprehensión y luego no se dice dónde se encuentran detenidas. Esta forma de proceder es un delito, aun cuando sea por horas o por pocos días, pero tampoco sobre esto el TSJ se pronunció.
 
En conclusión, los silencios del TSJ en el caso de Juan Requesens son la mejor prueba a su favor. (Con información de Acceso a la Justicia)

Modificado por última vez enMiércoles, 05 Septiembre 2018 12:10

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